LA JUSTICIA MILITAR EN VENEZUELA

LO NUEVO EN LA JUSTICIA MILITAR DE VENEZUELA

I.1- COMPRENDER LA JUSTICIA MILITAR

Considerando la dificultad que siempre ha existido para la comprensión del concepto y fuerza jurídica de la Ley y la Justicia Militar, debemos recordar, que podemos considerar el origen de la justicia militar venezolana, desde que a raíz de los movimiento revolucionarios de independencia y posteriormente con los cambios ideológicos de fines del Siglo XIX y mediados del siglo XX, el Derecho Penal Militar atravesó por una etapa fenomenológica, que le hicieron incrementar sus tipos delictivos, al ser utilizado por los Estados para modelar como delictivas, las conductas insurgentes en las constantes convulsiones en que han vivido, originadas por la influencia de doctrinas políticas y económicas revolucionarias, que han tratado de justificarse para solventar en forma extremista y violenta los problemas que han agobiado a la humanidad hasta el presente. Pareciera entonces, que la Justicia Militar hubiera estado desde entonces en una metamorfosis involutiva, que tendió a apartarla de su espíritu primigenio que la creó y dio origen para un fin estrictamente militar, por lo que fue colocada dentro de un contexto específico en las normas del Derecho Militar. Por ello es evidente, que la evolución del elemento donde surte su efecto, es decir las fuerzas armadas, la obligaron al paralelismo que la condujo a cumplir el fin que le dio origen, justificándola dentro de ese contexto.

La justicia militar, según el criterio del Dr. Chiossone, tiene su origen en el momento en que se organizan los primeros cuerpos armados bajo la disciplina de las ordenanzas y de las Cédulas Reales en los siglos XVII y XVIII. Entre nosotros, puede hablarse de Justicia Militar, cuando en el Cuartel General de San Félix, el 7 de junio de 1817, el Libertador dictó el “Reglamento sobre el modo de conocer y determinar en las causas militares”, en cuya exposición inicial expresa: “Con el objeto de establecer un orden general de juicios que se observe en todos los ejércitos y guarniciones de la República, y que bajo un método sencillo y breve conozca de todos los delitos que puedan cometer los militares, he tenido a bien decretar el establecimiento y formación de un Consejo de Guerra permanente en todo ejército, división y brigada que operen separados a cuyo juicio estaban sujetos todos los individuos militares de cualquier clase y arma que sean, bajo las reglas que se establecen sucesivamente” .

En el mismo decreto, al establecer la forma de instrucción, declara la procedencia y aplicación de la Ordenanza española sobre esta materia, y las leyes penales impuestas por los bandos del ejército, las leyes militares o reglamentos publicados por la Autoridad Suprema de la República y como supletorias de este derecho sustantivo, las normas penales de la Ordenanza española . En este mismo orden de ideas, siguiendo el desarrollo de la historia político-militar de Venezuela, dentro de la Gran Colombia, nuestro país fue un Distrito Militar, y al separarse de ella en 1830, en su primera Constitución aparece dentro de las leyes que la desarrollan, la ley militar, conjuntamente con otras leyes de la propia Gran Colombia y españolas, especialmente en materia penal ordinaria y penal militar.

El Congreso Constituyente promulga la Ley del 9 de octubre de 1830, sobre “Tribunales militares, competencia y procedimiento”; adaptando esta normativa a la organización de la Milicia Nacional establecida en la ley del 2 de octubre anterior y a la del 24 de setiembre que había fijado y organizado la Fuerza Armada Nacional. En 1849, el Congreso legisla sobre los tribunales militares, manteniéndose la materia procesal penal militar con la aplicación de la Ordenanza española de 1768. Por Decreto del 31 de Enero de 1863, el General Páez ejerciendo poder dictatorial, aprueba una sentencia declarativa de la Corte Suprema, que autoriza al Comandante en Jefe para que disponga le ejecución de sentencias y remita el expediente a la Corte Marcial, ordenándose tener la decisión de la Corte Suprema como ley de la República.

No obstante la historia considera el Código de 1873, como el Primer Código Militar venezolano, código mandado a redactar por el general Antonio Guzmán Blanco a la Comisión General para los Códigos Nacionales: Civil, Mercantil y de Procedimientos, dentro de cuya Comisión estuvo encargado de su redacción, el general Felipe Estés.

Es de notar que, los preceptos de éste Código se repiten en los códigos subsiguientes y muchos de ellos aún perduran en el vigente. Este Primer Código Militar, compuesto de cinco libros y 1488 artículos, reunió en un solo cuerpo las normas orgánicas del Ejército, hoy contenidas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; en la Ley del Servicio Militar; y en el propio Código de Justicia Militar en sus partes sustantiva y adjetiva o procesal.

Esta composición, estructura jurídica y contenido normativo, se repiten en los Códigos de 1882, 1904, 1923 y 1930, siendo en 1933, cuando aparece el Primer Código de Justicia Militar y Naval, dedicado exclusivamente a la materia penal militar, de donde surge la base conceptual del vigente Código. Podemos concluir en que, con el contenido normativo de estos códigos se fue perfilando el concepto de la Justicia Militar, al irlos adaptando progresivamente a las normas procesales del Código de Enjuiciamiento Criminal , a las normas sustantivas del Código Penal, así como a la naturaleza institucional de lo militar, lo cual culmina en el Código de Justicia Militar de 1938, reformado y transformado en 1997 en Código Orgánico de Justicia Militar, vigente con algunas reformas para adaptarlo al COPP.

2- TEORIA DE LA FICCION JURÍDICA

Para entender el fundamento axiológico y filológico de la Justicia Militar, debemos entender su especificidad y especialidad invocando la teoría que utiliza la ficción jurídica. Teoría que se utiliza para elaborar las normas formales o del derecho positivo, a diferencia de las normas que surgen del derecho natural o fáctico, es decir, de las normas que surgen de la acción y la reacción (fenomenológica).

Entendemos entonces, que la ficción establece normas de regulación de la conducta humana y decide cuales de ellas pasan a ser delictivas, surgiendo de aquí el principio: “nulun crimen nulum poena sinae lege”. Lo que no está tipificado en la ley, no es delito. Aparece luego la especialidad del delito, generalmente en la consideración del sujeto pasivo o bien protegido (menor, familia, obrero, comerciante, ambiente, militar). Todas estas consideraciones son ficciones jurídicas, que hacen abstraer las similitudes del sujeto activo o pasivo, para conformar la norma adecuada y adaptada a la conveniencia social. Surgen también de esta ficción las jurisdicciones especiales y los fueros y con ellos, la especialidad jurídica.

En el fondo, las ficciones surgen de necesidades sociales que sirven de fundamento a las instituciones. En el caso militar, es la necesidad institucional de asegurar la defensa del Estado, como forma de resguardar la soberanía y de la independencia, que también son ficciones. En este sentido surge la Institución militar como necesidad, que con la denominación de Fuerza Armada Nacional, a decir de la Constitución de la República, “…constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar,..”, siendo de esta definición, que entendemos el concepto de militar y el surgimiento de la Justicia Militar.

II.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL VIGENTE CODIGO ORGÁNICO DE JUSTICIA MILITAR

A pesar del conocimiento que se tiene de la materia, al Derecho militar y al ejercicio de la Justicia Militar no se les ha dado la importancia que requieren. Desde 1999, se produce un complejo anárquico jurídico, al cual no se le ha prestado el interés que requiere dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), no por desinterés, sino por ignorancia y equivocación científica, donde priva el empirismo fáctico, la viveza criolla, propia del “toderismo militar”, que hace entender el Derecho militar de manera suigéneris, acumulando notas y repeticiones doctrinarias que se propugnan en los centros de estudios militares, generalmente desfasadas de la realidad promovidas por mandos incipientes que comulgan con la tradición y la costumbre.

Es de conocerse, que no existen en el país cátedras de Derecho que capaciten a los abogados que han de ejercer la Justicia Militar, por lo que recientemente fue creada una cátedra en la Universidad Central de Venezuela, que tiende a establecer parámetros claros de doctrina jurídica militar para adaptarla a los requerimientos de la Jurisdicción especial penal militar creada en la vigente Constitución. Esta deficiencia de capacitación profesional, ha conducido a tener hoy una operatividad judicial militar, que en la mayoría de sus actos violan las normas constitucionales y los conduce a la generación de improcedentes actos inconstitucionales. Es el caso y la situación que origina la presente solicitud de amparo.

III.- INCOMPETENCIA DE LA JUSTICIA MILITAR PARA JUZGAR DELITOS QUE NO SON DE NATURALEZA MILITAR

Tenemos que considerar que a la luz de la normativa que establece y regula la competencia en la materia penal militar, surge un grave conflicto que no puede ser soslayado, toda vez que a la luz de la doctrina y el fundamento constitutivo del derecho, hace contradictorios los delitos que se les imputan a los ciudadanos detenidos, procesados y enjuiciados, ya que atendiendo a su naturaleza, los excluye de su calificación especial militar. Por esta razón, en extenso y profundo estudio doctrinario, la Subcomisión de la Asamblea Nacional que estuvo trabajando para producir la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, fue de la mayor importancia la definición de los delitos militares de acuerdo a su naturaleza como tales, a los fines de diferenciar en ellos el contenido, difícil de delimitar de los delitos comunes.

Para ello, fue de importancia y utilidad elaborar y utilizar una “teoría de la ficción jurídica”, que podemos entender de acuerdo al enfoque indicado anteriormente. En este sentido, se ha justificado la naturaleza del delito, no en atención al simple hecho común, sino a la naturaleza que surge de la condición del sujeto delincuente, en conjunción con el momento u oportunidad y el lugar de comisión del delito.

IV.1.- DELITOS DE NATURALEZA MILITAR

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 261 establece: “La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial…”. Esto la individualiza y da especialidad como jurisdicción independiente. A su vez, estable su integración al Poder Judicial de la República; dándole por lo tanto independencia de los demás poderes públicos. “Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento, se regirán de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar”.

Esto le da vigencia e independencia al Código Orgánico de Justicia Militar, por lo que tiene que ser un instrumento jurídico orgánico e independiente de los códigos: Penal y Procesal Penal. Además, establece para su contenido las materias: tipológica delictiva, organizativa del subsistema jurídico penal militar y; lo correspondiente a la materia procedimental (procesal). “La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.

Esta normativa obliga a definir y establecer con claridad lo que debe entenderse por “delitos de naturaleza militar”. Máxime, cuando la misma norma establece la necesidad de legislar para la especialidad delictiva a los fines de diferenciarla de los delitos comunes. Es también fundamental considerar para la autonomía e integración de la Justicia Militar al Sistema Judicial nacional, el contenido del artículo 253 de la Constitución: “El Sistema de Justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio”.

La Subcomisión antes mencionada para la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, creyó necesario y fundamental definir y establecer con claridad lo que debe entenderse por “delitos de naturaleza militar”, tanto más, cuando la misma norma establece la necesidad de legislar para la especialidad delictiva a los fines de diferenciarla de los delitos comunes.

En este sentido, creyó necesario incorporar la doctrina que juzgó con mayor acierto para entender lo referente a la naturaleza jurídica de los delitos militares, en este sentido, tomó el contenido de la Enciclopedia Jurídica OMEBA , con escrito del autor RAÚL AUGUSTO BADARACCO, quien al tratar acerca de los Delitos Militares, expresa lo siguiente: “... DELITOS MILITARES...

1. Naturaleza de los delitos militares. El interés, jurídicamente protegido por la legislación, al crear los delitos militares, es el interés público del Estado de proteger la organización de sus fuerzas armadas. Y el Estado tiene interés en proteger la organización de sus fuerzas armadas, porque ellas son creadas constitucionalmente para que le provea la defensa nacional, que es uno de sus fines vitales. Por lo tanto, serán delitos militares todos aquellos actos que, atentando de una manera u otra contra la organización de las fuerzas armadas, se encuentren reprimidos por el Código de justicia militar. Así, desde un punto de vista doctrinario, si un acto no atenta contra la organización de las fuerzas armadas, aunque se encuentre legislado como delito militar en el Código respectivo, ello no bastaría para que ese acto sea un delito militar, porque por su naturaleza jurídica no lo sería.

De la misma manera, aunque el acto de referencia atente realmente contra la organización de las fuerzas armadas, si no está específicamente reprimido por el Código de justicia militar, no puede considerarse un delito militar; de la misma manera, y por la misma razón que, aunque un acto humano sea antijurídico, no por ello será un delito si no se encuentra tipificado como tal en el respectivo código penal (aplicación del principio nulla poena sine lege).

En síntesis: un fin vital del Estado es proveer a la defensa nacional; para ello organiza sus fuerzas armadas; todo lo que atente de alguna manera contra la organización de dichas fuerzas armadas, si está previsto y castigado por el Código de justicia militar, será un delito militar. Aclarado el principio básico precedente, surge con claridad la naturaleza jurídica de los delitos militares: no se trata de acciones que denotan más o menos peligrosidad social en el sujeto que las comete, o más o menos falta de adaptación al medio social en el mismo, sino que se trata de acciones en las cuales se considera, principalmente, la medida en que las mismas gravitan o pueden gravitar en lo referente a disminuir o debilitar la capacidad bélica del Estado.

En los delitos militares, entonces, la naturaleza jurídica puede determinarse dentro de las siguientes líneas generales: tienden hacia un carácter más bien formal; buscan una finalidad utilitaria, que es defender la capacidad bélica del Estado; y tienden a seguir un criterio clásico más bien que positivista, porque atienden más al delito que al delincuente. Son delitos que crea el Estado en su función de policía militar; y no en su función de regulador social, como cuando dicta el Código penal.

IV.2.- LA JUSTICIA MILITAR ES PARTE INTEGRANTE DEL PODER JUDICIAL

Puede considerarse como un VICIO DE NULIDAD DE SUS ACTOS LOS QUE SURGEN DE LOS ÓRGANOS DE LA JUSTICIA MILITAR, CUANDO EN ESTOS PARTICIPAN EN SU CONSTITUCIÓN Y PROCESO, ÓRGANOS DEL PODER EJECUTIVO, como permanecen en normas del Código Orgánico de Justicia Militar. En consideración de estas irregularidades violatorias constitucionales, que excluyen a los tribunales militares de conocer en la materia que tratamos en esta solicitud de amparo, es necesario que la Corte Marcial considere el contenido del Artículo 267 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que establece: “Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial. La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.

El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales.” Como indica la mencionada Subcomisión de reforma del COJM, esta norma obliga a separar del Ministerio de la Defensa la función de designar jueces y manejar la administración de la Justicia Militar mediante una Dirección ad-hoc. En tal sentido, cualquier órgano creado y existente debe constituirse en órgano de coordinación o integrado a la “Dirección Ejecutiva de la Magistratura” establecida para tal fin en el mismo artículo 267.

En el mismo sentido, el contenido del Artículo 268: “La ley establecerá la autonomía y organización, funcionamiento, disciplina e idoneidad del servicio de defensa pública, con el objeto de asegurar la eficacia del servicio y de garantizar los beneficios de la carrera del defensor o defensora.” Esto obliga a crearse las correspondientes defensorías públicas militares, con la autonomía e integración al sistema nacional que se establece. Conforme a lo establecido en el Artículo 270: “El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Ciudadano para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces o juezas de la jurisdicción disciplinaria.

El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley. Debe establecerse en el Código la forma como se relacionará la asesoría y quienes integrarán los colegios de electorales judiciales. Elemento de importancia es el establecimiento del sistema de integración de los fiscales militares al Ministerio Público, para cumplir con lo establecido en el 284: “El Ministerio Público estará bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal o Fiscala General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios que determine la ley”. Por cuanto debe cumplir entre otras, las siguientes atribuciones: 1. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles… 2. Ejercer en nombre del Estado la acción penal… 3. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público… (Hoy día, los fiscales militares son designados por el Ministerio de la Defensa en forma independiente del Sistema Judicial, lo que los hace inconstitucionales y su actuación debe considerarse nula) Igualmente hay que establecer la relación con la Justicia Militar del Poder Ciudadano, el cual tiene autonomía funcional, financiera y administrativa.

En lo que respecta al conflicto de competencia por la materia, existe jurisprudencia reciente, como es el caso, la Sala de Casación Penal ha decidido: (Sentencia N° 750 del 23 de octubre de 2001, con ponencia del Magistrado Doctor RAFAEL PÉREZ PERDOMO). “... Establece el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que los delitos comunes serán juzgados por los tribunales ordinarios y la competencia de los tribunales militares se limitará a las infracciones de naturaleza militar.

En consecuencia deben entenderse por éstos delitos aquellas infracciones que atenten a los deberes militares. La Constitución resuelve, en esta forma las viejas dudas existentes al respecto y lo hace aplicando el principio de la igualdad: no existe fuero castrense en razón de las personas que cometan o sean víctimas de delitos, sino que la jurisdicción sigue a la naturaleza de la infracción...”. Ahora bien: las actuaciones que cursan en el expediente, a juicio de la Sala, constituyen supuestos delitos comunes tipificados en el Código Penal. Por tanto para evitar dilaciones procedimentales inútiles e indebidas, su conocimiento y sanción debe corresponder a la jurisdicción penal ordinaria, tal como lo ordena el artículo 261 de la Constitución. Así se decide. El Magistrado Presidente de la Sala, ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS Ponente

Así mismo, en cuanto a la jurisdicción militar la Sala Constitucional estableció: (Sentencia N° 551 del 17 de marzo de “...Comparte esta Sala Constitucional el referido criterio de la Sala de Casación Penal, puesto que conforme al dispositivo expreso del artículo 261 de la Constitución, los delitos comunes cometidos por militares, aun cuando sea en ejercicio de funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas o encontrándose dentro o fuera de las instalaciones militares, deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido, y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo...”

IV.- EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE LA DEFENSA NO SON ÓRGANOS DE LA JUSTICIA MILITAR

Es obvio respetados magistrados, que las decisiones tomadas por los operadores de la Justicia Militar cumpliendo órdenes del Presidente de la República y del Ministro de la Defensa, se constituyen en írritos por inconstitucionales, toda vez, que los órganos de la Justicia Militar son autónomos y como parte del Poder Judicial, se deben a ella, donde no tienen participación ningún órgano de otro poder público. Todo configura una situación antijurídica que elimina cualquier consideración elemental de sociabilidad y transforma el espíritu del constituyente en una simple prosa vacía más que tautológica, que en nada se compadece con la configuración del Estado democrático y de Justicia consagrado en la Constitución, que además dice: “no sólo es el Estado el que debe ser democrático, sino también la sociedad”.